Brasil: una zanahoria para hacer retroceder los derechos de los trabajadores


 

La reforma laboral impulsada em Brasil por el gobierno del presidente Mihel Temer invoca la necesidad de atraer inversiones extranjeras, pero abre la puerta también a la precariedad del empleo. El análisis del periodista argentino Horacio Raña,  nos acerca al tema.

Por Horacio Raña*

Si se hiciera el ejercicio de pensar en una política laboral con mano de obra semi esclava, y contratos y leyes de salarios mínimos para explotar a los trabajadores, seguramente se arriesgaría a decir que se trata de China, país acusado durante décadas de no jugar limpio respecto a las reglas del comercio internacional.

Sin embargo, lo redactado en el párrafo precedente está referido a la legislación que encontró luz verde en el Parlamento brasileño la semana pasada, y que genera preocupación entre la clase trabajadora del país vecino.

Como sucede en estos casos, se invoca la necesidad de adecuar las normas para la llegada de inversiones extranjeras. Aunque rara vez se pone en el centro de la discusión que el costo real lo terminan pagando los trabajadores, en el caso de Brasil cediendo derechos tan básicos como cobrar por las horas en que se esté a disposición del empleador.

Por ejemplo, a partir de ahora las empresas están autorizadas a ignorar los convenios laborales vigentes y a negociar acuerdos por sector o empresa. Asimismo, se les permite pagar por tiempo trabajado, modalidad que se dio en llamar “jornada intermitente” y que cambia la condición de mensualizado por la de jornalero.

Y además, el empleador tendrá libertad para convocar al trabajador con un mínimo de tres días de antelación para informarle cuál será su jornada de trabajo, dejando más que en claro la precariedad de la relación laboral.

Las vacaciones del trabajador –que en los países desarrollados se consideran cada vez más una necesidad innegociable para lograr un mejor rendimiento- en Brasil podrán dividirse en tres, y hasta el horario del almuerzo podrá negociarse, no sea cosa que problemas de digestión de los empleados perjudiquen la producción.

El presidente Michel Temer y su ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, aseguran que las medidas “generarán empleos”, afirmación que fue rebatida por el procurador general del Trabajo, Ronaldo Fleury, al sostener que la reforma “es fruto de la mentalidad esclavista”.

“Oficializa el fraude, es fruto de la mentalidad esclavista que aún persiste en Brasil y no ayudará a crear nuevos empleos”, denunció Fleury.

“Es esclavista porque el tiempo que estén a disposición de la empresa pero sin trabajar no lo cobrarán; y significa un fraude porque están institucionalizando lo que se venía haciendo en forma ilegal con los trabajadores”, detalló el funcionario en una entrevista con el diario Folha de Sao Paulo.

Otros puntos cuestionables de la nueva legislación son la posibilidad de pactar una jornada laboral de 12 horas por 36 de descanso; horas extras por fuera del convenio colectivo; exclusión de la obligatoriedad de homologaciones de despidos por sindicatos; y habilitación para que las mujeres embarazadas y en período de lactancia realicen trabajos insalubres.

Pero si estos puntos no movilizan a las centrales sindicales, seguramente lo harán otros que afectan directamente sus intereses, como por ejemplo que dejará de existir la negociación colectiva entre sindicatos y empresas, ya que será directamente entre patrones y empleados; que no será obligatorio negociar con los sindicatos despidos colectivos; y que autoriza arbitrajes laborales para salarios por encima de 11.100 reales.

Y, lo más importante -porque afecta directamente a la caja de los sindicatos-, es que los trabajadores ya no estarán obligados a realizar su aporte a la organización gremial.

Lo impopular de esta legislación, que echa por tierra la vigente desde 1943, impulsada entonces por el cuatro veces presidente Getulio Vargas, genera incógnitas en un futuro no muy lejano.

La primera recaerá sobre Temer, quien, con la inmensa impopularidad que tiene a cuestas, deberá enfrentar la previsible reacción de las centrales sindicales timoneando una posible paralización del país.

La segunda es qué va a suceder si Luiz Inácio Lula da Silva llega a ser electo presidente una vez más.

Los votantes de su Partido de los Trabajadores (PT) se oponen a esta ley, y sus legisladores, encabezados por la senadora Gleisi Hoffmann, votaron en contra de la norma.

Sin embargo, la totalidad del empresariado brasileño la apoya sin medias tintas, y eso puede producir un choque de intereses de muy complicada resolución.

Durante su segundo gobierno, fue Lula quien introdujo la contribución obligatoria del trabajador al sindicato con una cláusula importantísima: las organizaciones gremiales, que por esto recaudan miles de millones de dólares, no deben rendir cuentas de ese dinero al gobierno.

¿Se atreverá Lula, si vuelve a sentarse en el Planalto, a derogar la denominada “Ley de Modernización del Trabajo” tal como exige su base electoral? Para eso debería enfrentarse a todo el empresariado brasileño, es decir al poder económico real.

Mientras tanto, y tras la zanahoria de supuestas inversiones extranjeras, el huevo de la serpiente ya fue depositado en el corazón del derecho laboral brasileño.

(*) Periodista de la Agencia Télam, jefe de la Sección Internacionales.

 

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