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Demetrio Olaciregui Q
En respuesta a una consulta de la Cámara de Diputados de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país le remitió una nota el 11 de marzo de 2011 en la que daba por cerrado lo relativo al estatus de la autodenominada “república árabe saharaui democrática”.
Para la Cancillería chilena se trata de una entidad inexistente. “En primer lugar, cabe recordar que conforme a los principios del derecho internacional, para que una colectividad humana pueda ser considerada como un Estado soberano, susceptible de ser reconocido por los demás Estados, es necesario que su consolidación reúna los siguientes elementos constitutivos, esto es, control efectivo de su territorio y su población, gobierno propio e independencia. A juicio de este ministerio, estos elementos no están presentes en el caso de la ‘república árabe saharaui democrática”, dijo la nota.
Un año antes, el 5 de marzo de 2010, la Cancillería chilena se había pronunciado en el mismo sentido al señalar que “no es posible realizar declaración sobre el reconocimiento de un Estado inexistente”.
“Chile observa los principios de la doctrina moderna, que sostiene que la circunstancia de que otros Estados lo reconozcan no implica su existencia misma. De ahí que el acto de reconocimiento no tenga el carácter constitutivo, sino meramente declarativo”, resaltó la Cancillería chilena. “Cabe agregar –añadió– que Argentina, Brasil y otros países latinoamericanos con los que mantenemos especial afinidad en materia multilateral, observan una política similar a la nuestra”.
Ese seudo estado –expresión política de la guerrilla del Frente Polisario entrenado, armado y financiado en campamentos en suelo argelino con la pretensión de ocupar el Sahara marroquí– no es reconocido por las Naciones Unidas, Estados Unidos, Canadá y ningún gobierno de la Unión Europea. Solo lo reconoce una decena de países africanos, liderados por Argelia y sus aspiraciones hegemónicas, a los que se suma media docena de naciones latinoamericanas sucursales de la revolución cubana y venezolana. Son 19 en total, incluyendo Corea del Norte y Panamá.
En octubre de 2009, cuando el actual presidente Juan Carlos Varela ocupaba el cargo de canciller, planteó tratar el tema del Polisario en una troika con Colombia y Costa Rica, países que no reconocen esa guerrilla africana.
Expulsado del gobierno de Ricardo Martinelli, correspondió al canciller Fernando Núñez Fábrega anunciar en noviembre de 2013 la suspensión de relaciones diplomáticas con el Polisario, porque “no se han consolidado” los elementos básicos para ser considerado un Estado soberano.
Sin embargo, en enero de 2016, Varela deshizo lo actuado por el gobierno anterior y reconoció la guerrilla africana, bajo el argumento de que “la suspensión no era sostenible”.
La urdimbre detrás de esa decisión se conoció ocho meses más tarde, durante una conversación en la que, acompañado de los ministros Mario Etchelecu y Roberto Roy, Varela sacó el tema del Polisario. “Fue Alcibíades Vásquez”, aseguró Roy, al advertir la mano del ministro de Desarrollo Social detrás del reconocimiento a la guerrilla africana. Vásquez, convertido en canciller oficioso del Polisario en Panamá, por pasadas aventuras con ese grupo guerrillero, fue quien gestionó el reconocimiento.
Además, la Cancillería hizo pasar una vergüenza mayúscula al cuerpo diplomático acreditado en el país. Distinguió al supuesto embajador polisario como vicedecano del cuerpo diplomático, otorgándole precedencia por antigüedad como si no hubiera abandonado su puesto tres años antes.
Por otro lado, el Polisario ha sido etiquetado como terrorista por la administración estadounidense por sus vínculos con el movimiento libanés chií Hezbolá. Precisamente, esa relación entre organizaciones terroristas fue lo que llevó recientemente a Marruecos a romper relaciones con Irán, principal soporte de Hezbolá.
“Dado que Hezbolá y el Polisario se presentan ante el mundo como luchadores por la libertad opuestos a la ocupación y la explotación”, argumentó el diario La Libre Belgique, “es natural que cooperen”.
Paradójicamente, hace tres meses, tras su visita a Israel, Varela reveló que recibió informes del espionaje israelí confirmando que Hezbolá estuvo detrás del atentado al avión de Alas Chiricanas en julio de 1994 en el que murieron 21 personas, mayormente miembros de la comunidad israelí panameña.
En junio del año pasado, dos estadounidenses de origen libanés, sospechosos de pertenecer a Hezbolá, fueron arrestados y acusados ante un tribunal en Nueva York por vigilar presuntos blancos de ataques terroristas en Panamá, incluido el Canal.
Sería oportuno que Varela y su Cancillería explicaran en qué beneficia el interés nacional del Estado panameño reconocer una organización guerrillera africana vinculada a movimientos terroristas. Una acción que no es consecuente con la historia, los valores y los intereses de Panamá.
